COLEGIOS PROFESIONALES

Los colegios profesionales, entidades previstas por la Constitución Española (art.36), tienen una naturaleza singular. Son corporaciones de derecho público, que ejercen funciones públicas y otras funciones sometidas al Derecho privado.  Sus normas institucionales, los Estatutos generales o los Estatutos particulares, se aprueban por la propia organización colegial, interviniendo también en ese proceso la Administración Pública.

Los actos de los colegios profesionales en cumplimiento de funciones públicas (colegiación; sociedades profesionales; ordenación de la profesión; deontología profesional; visado; funciones delegadas por la Administración,  etc.) se rigen por el Derecho Administrativo y son revisables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Respecto a dichas funciones, los colegios están sujetos a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  La organización,  el régimen electoral y el desarrollo de procesos electorales están sometidos también al Derecho Administrativo.

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En la actividad de los colegios son relevantes las relaciones con las Administraciones Públicas. Los colegios profesionales pueden ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las diferentes Administraciones y colaborar con éstas mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas por las Administraciones Públicas. Éstas pueden encargar a los colegios la prestación de servicios, mediante encomiendas de gestión.

En materia de prestación de servicios y de contratación los Colegios Profesionales se rigen por el Derecho Privado (civil-mercantil, laboral) y no están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), salvo que se financiaran mayoritariamente por uno o varios sujetos pertenecientes al sector público –por ejemplo por subvenciones-, caso en el que serían poderes adjudicadores (art.3.5 en relación al 3.3.d LCSP) sometidos a la  referida ley.

Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios están sometidos a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigila con especial dedicación las actuaciones de los colegios profesionales.

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