SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Las Administraciones Públicas, tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos, tienen la capacidad de imponer directamente a empresas y particulares sanciones sin acudir antes a un Tribunal, a diferencia de lo que sucede con el Derecho Penal.

Esta potestad, que se llama potestad sancionadora, está sin embargo sujeta a fuertes controles legales, derivados en su mayor parte del principio de legalidad en materia sancionadora que consagra el art. 25 de la Constitución: no se puede sancionar sin una Ley que prevea los hechos castigados como infracción, y que prevea qué sanción les corresponde.

Es necesario además que la Administración respete el procedimiento administrativo sancionador y muy en especial el derecho de defensa y audiencia de los administrados. Además, a la hora de acreditar los hechos que dan lugar a la sanción, rige el principio constitucional de presunción de inocencia, de modo que todos ellos tienen que estar debidamente probados.

 Una de nuestras tareas esenciales como abogados es la de defender a las empresas y particulares en relación con los procedimientos sancionadores y con las sanciones administrativas, para procurar que se respeten todos sus derechos y todas las garantías legales y constitucionales.

Existen sectores de la actividad administrativa, especialmente el de tráfico, en los que el sistema sancionador funciona de manera más o menos automática y sobre la base de criterios técnicamente verificables (radares, por ejemplo). Sin embargo, son excepciones. En la mayor parte de sectores de la actividad administrativa (medio ambiente, urbanismo, consumo, protección de datos, etc.) las infracciones administrativas definidas en la Ley contienen una gran cantidad de términos abiertos generales (lo que se llaman en lenguaje técnico “conceptos jurídicos indeterminados”) tales como “grave daño al medio ambiente”, “intencionalidad”, o “alteración de usos”.

Para poderse defender bien en un expediente sancionador es necesario dominar la forma de razonar y de definir los hechos que rige en este sector tan especial de las sanciones administrativas. Somos abogados especialistas en hacerlo.

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 El procedimiento no es la menor de la vías de defensa en estos casos. La Administración tiende a cometer más errores de los que pensamos a la hora de tramitar estos expedientes: los más comunes son errores de notificación (que suelen delegar en Correos) y superación de los plazos máximos de decisión (caducidad del expediente). Otros errores comunes son la falta de competencia de los Concejales Delegados en los Ayuntamientos o la cualificación de los órganos de instrucción.

Estos errores pueden ser determinantes para anular una sanción. Solamente un abogado especializado en Derecho Administrativo sabe detectarlos y hacerlos valer en el expediente.

La defensa de nuestros clientes tiene dos vías o momentos claramente diferenciados: el expediente administrativo y el recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Nuestra experiencia nos dicta que es conveniente defenderse en el expediente administrativo antes de ir a la Jurisdicción: incrementa los errores administrativos, permite aportar pruebas, puede reducir considerablemente la cuantía económica de la sanción, y conduce a la Administración a hacer afirmaciones comprometen su postura.

Sin embargo, la defensa no puede terminar aquí y su base esencial es el recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En la mayor parte de los casos es la mejor manera de hacer valer el principio esencial de presunción de inocencia. Los órganos de la Jurisdicción analizan los casos desde una perspectiva imparcial. No son juez y parte como en ocasiones es la Administración cuando puede obtener pingües beneficios de imponer una sanción. El filtro de la Jurisdicción no lo pasan todas las sanciones. Los hechos se analizan de nuevo, se ponderan las pruebas y se revisa la calificación jurídica y la proporcionalidad de la sanción.

EJEMPLOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS RESUELTAS

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