EXPROPIACIÓN FORZOSA

La expropiación es uno de los instrumentos más potentes que posee la Administración en la esfera de derechos de los particulares. Mediante un acto especial, que consiste en la declaración de utilizada pública de una actuación o proyecto y la necesidad de ocupación de unos concretos bienes y derechos, la Administración, y sólo las administraciones territoriales (Municipios, Provincias, Comunidades Autónomas, Administración General del Estado), pueden decidir que deben apropiarse de unos determinados bienes privados, limitando o eliminando la propiedad privada sobre ellos.

La Constitución española elevó en su art. 33.3 al máximo rango normativo las garantías del particular frente a la expropiación que previamente había regulado la Ley de Expropiación Forzosa de 1964. La más importante de ellas es la necesidad del pago un precio o indemnización al expropiado, que recibe el nombre de “justiprecio”.

En la Ley de Expropiación Forzosa se regula un procedimiento “ordinario” que sin embargo se ha vuelto con el tiempo, las excepciones y la práctica, de muy excepcional aplicación. En ese procedimiento la declaración de utilidad pública debe venir prevista en una Ley y su declaración en el caso concreto y la necesidad de ocupación de determinados bienes ha de ser acordada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, ya la propia LEF contempla que en los proyectos de obra pública, la declaración de utilidad pública viene implícita, y las sucesivas leyes sectoriales que se han aprobado (carreteras, urbanismo, aguas, etc.) todas contemplan que al aprobarse un proyecto de obras, trae consigo automáticamente la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.

Lo que no significa que no pueda discutirse en casos concretos si la inclusión de ciertos bienes, o partes de ellos, dentro de un proyecto es estrictamente necesaria para su ejecución (ver casos). Asimismo, es posible la impugnación del proyecto aprobado por razones autónomas, lo que puede evitar asimismo la expropiación de los bienes afectados.

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El pago del justiprecio también suele dilatarse, por aplicación del procedimiento de urgencia, hasta después de la ocupación. El sistema de cálculo del mismo es relativamente complejo, pero suele tener siempre las mismas fases. Es fundamental que el particular aporte información, incluso pericial, y que presente una completa “hoja de aprecio” para proponer su propia valoración, que habrá de servir de base de la futura discusión del valor. La Administración expropiante establece un valor, normalmente muy por debajo del que resultará al final, pero debe adelantarlo al expropiado aunque se recurra.

Los recursos administrativos contra la determinación del justiprecio se resuelven por unos órganos administrativos especializados que se llaman Jurados de Expropiación, y que tienden a incrementar el valor de los bienes expropiados. Aún más lo suelen incrementar los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre que cuenten con información pericial detallada que ponga en cuestión la valoración de los Jurados, y habitualmente, cuando aumentan el valor de un bien, aplican el mismo criterio (por ejemplo, valor del metro cuadrado) a todos los que se encuentran en la misma situación en el mismo proyecto expropiatorio.

Las discusiones sobre valoración de inmuebles son complejas. El suelo, por ejemplo, se puede valorar conforme a diversos métodos: comparación con ventas de suelo similar, capitalización de rentas o método residual (que a su vez puede ser dinámico o estático y que consiste en restar del valor esperado de venta de la edificabilidad del terreno los costes de construcción). En parte se trata de discusiones de tipo pericial, a precisar por peritos arquitectos, pero hay un componente jurídico esencial en estos casos, que es determinar qué método concreto debe aplicarse, lo que no es en absoluto sencillo y da lugar a numerosas Sentencias, ya que depende de las situación específica del suelo, si es rural, urbanizado o sujeto a transformación urbanística.

La expropiación forzosa no es únicamente aplicable a la privación del derecho de propiedad, sino también a otros derechos que puedan resultar afectados, como los arrendamientos o los usufructos, y también es indemnizable la ocupación temporal. Tampoco se aplica únicamente a inmuebles (suelo y construcciones), sino que se puede aplicar a multitud de bienes, como por ejemplo a acciones de compañías mercantiles en los casos de nacionalización. También es indemnizable la imposición de servidumbres para la instalación de redes públicas, como las líneas eléctricas, conducciones de gas o redes de telecomunicaciones.

En muchos casos, como por ejemplo las expropiaciones en el marco de una concesión de obra pública, quien va a tener que abonar la indemnización es el concesionario, porque se le considera “beneficiario” de la expropiación, ya que los bienes van a su concesión. Recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido la responsabilidad solidaria de la Administración si un concesionario se declara insolvente y no puede abonar las indemnizaciones.

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