CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Por contencioso tributario entendemos los procedimientos de impugnación de resoluciones en materia fiscal de las diferentes Administraciones, tanto recursos administrativos, reclamaciones económico-administrativas como recursos contenciosos ante los órganos judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa. Las resoluciones, liquidaciones y sanciones tributarias se pueden recurrir, por razones de fondo o de forma, con posibilidades de éxito. Es un área de ejercicio que aúna Derecho Tributario, Derecho Administrativo y Derecho Procesal.

En este ámbito existe una vía de recurso especial, la reclamación económico-administrativa que es un recurso administrativo que tiene por objeto revisar la legalidad de los actos de aplicación de tributos, actuaciones de gestión tributarias, reclamaciones y sanciones tributarias que resulta necesario para agotar la vía administrativa y abrir la vía del recurso contencioso-administrativo. Al procedimiento económico-administrativo le son de aplicación entre otros los principios constitucionales de legalidad, interdicción de la arbitrariedad, objetividad, imparcialidad, igualdad, no indefensión y presunción de inocencia y los principios legales de economía procedimental, congruencia, imparcialidad, motivación, antiformalismo, orden público, gratuidad, etc.

La normativa reguladora prevé un procedimiento general o común y otro abreviado Asimismo se prevé la reclamación en única o segunda instancia —cuando por razón de la cuantía de la reclamación o del órgano que conoce de la misma, la resolución que se adopte agota la vía administrativa y ya es impugnable, en su caso, ante los órganos de lo contencioso-administrativo— o en primera instancia —cuando por razón de la cuantía y del órgano que dictó el acto impugnado, la resolución que se adopte merece ser sometida, a través del los recursos pertinentes— a enjuiciamiento del Tribunal Económico-Administrativo Central para que sea éste quien agote la vía administrativa.

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Por su parte, la responsabilidad tributaria ofrece una serie de peculiaridades en relación con la responsabilidad civil e incluso con la administrativa. El fundamento jurídico de la responsabilidad civil, es la existencia de un daño injusto (hecho lesivo) que a través de un criterio determinado se imputa al responsable. En el campo tributario hay casos en los que tal idea de daño actual, incluso probable, falta. Junto con los obligados principales la legislación tributaria establece otros responsables, solidarios o subsidiarios, y dispone de acciones de cobro de las deudas tributarias del deudor principal a otro sujeto distinto. Al responsable al que se le deriva responsabilidad se le abre la oportunidad, de reaccionar frente a la propia derivación de responsabilidad, así como frente a la deuda cuya responsabilidad de pago se le exige.

En esta materia resultan de especial importancia los derechos y garantías que la ley establece para el contribuyente, como la motivación de las resoluciones; o los derechos, entre otros, a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que se sea parte; a formular alegaciones y a aportar documentos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución; a ser oído en el trámite de audiencia; o a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas. Su infracción puede dar lugar a la anulación de los actos de las Administración.

Las actuaciones de la Administración Tributaria han de desarrollarse en los plazos previstos, resultando muy relevantes los plazos de prescripción de las acciones tributarias de la Administración.

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