FUNCIÓN PÚBLICA

Conviven en nuestra Administración pública empleados públicos sometidos a regímenes jurídicos muy diversos. Los más comunes son el de los funcionarios de carrera y el del personal laboral. La relación de funcionario de carrera con la Administración es un tipo de relación de servicios muy especial que la Ley reserva a quienes tengan participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.

Es una relación diferente a la relación laboral en el sentido de que se somete a unas especiales reglas en cuanto a su nacimiento y extinción, así como en materia disciplinaria. La característica más sobresaliente de la relación de funcionario de carrera es que es la inamovilidad, no puede perder esta condición sino por causas legales muy tasadas (a diferencia del personal laboral que puede ser despedido por las causas de despido generales de la legislación laboral).

El nacimiento de las relaciones de empleo público, aquí no sólo la de los funcionarios de carrera, sino también la sometida al derecho laboral, está sujeta por la Constitución y la Ley, a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El control de que se cumplen tales requisitos se desarrolla a través de los específicos sistemas de acceso al empleo público, fuertemente regulados y regidos por el principio de libre concurrencia. El instrumento jurídico esencial para el funcionamiento de este sistema son las Bases de la convocatoria, que son la verdadera Ley de la oposición o el concurso-oposición, y en las que se regulan en detalle tanto los requisitos para poder presentarse, la composición del tribunal evaluador, el contenido de las diferentes pruebas del proceso, los criterios de calificación, etc.

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La corrección del resultado final depende en gran medida de la calidad técnica de las Bases. Muchas de ellas son en gran parte una repetición de otras anteriores en cuanto a los procedimientos, pero el contenido de las pruebas y los criterios de calificación son cada vez más complejos de instrumentar, especialmente para profesiones muy especializadas o para conocimientos en materia informática.

Otro instrumento de gran importancia en la organización de la función pública son los catálogos y relaciones de puestos de trabajo (RPT). En estos últimos instrumentos deben aparecer recogidas las características esenciales de cada puesto: funciones básicas, titulaciones admitidas y forma de provisión del puesto, y deben respetar igualmente los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad.

En el desempeño de sus funciones, todos los empleados públicos se encuentran sometidos a un régimen disciplinario fuertemente formalizado. Los tipos de infracciones y el procedimiento disciplinario están regulados legalmente, y destaca en este sentido en su aplicación práctica la constante dificultad para definir la infracción exactamente aplicable al comportamiento investigado. No es infrecuente que los tribunales terminen por modificar la calificación que la Administración hace de los comportamientos investigados.

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