RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

El artículo 106.2 de nuestra Constitución consagra el régimen de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, disponiendo que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos” (daño que debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado). Pensemos por ejemplo en una caída en la vía pública en mal estado, en una infección contraída en un hospital, en los daños sufridos por mi vehículo tras ser colisionado por un coche patrulla, en los desperfectos que  genera en mi vivienda la inundación de una calle por no dar abasto los colectores de desagüe, etc, etc.

La lesión no requiere que en su producción se haya actuado de manera contraria a Derecho, basta que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar tal daño, siendo indemnizable toda lesión que sufra el perjudicado en cualquiera de sus bienes y derechos, lo que incluye no sólo daños materiales, sino también morales.

Además, la regulación legal de esta institución (contenida en la Ley 40/2015) contempla el supuesto de la responsabilidad patrimonial del legislador, estableciendo el derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen”. Responsabilidad del Estado legislador que podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional,  o deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, por lo que los supuestos en que podría darse tales supuestos son muy amplios (inversiones o ganancias que quedan en nada tras una modificación legal, ya sea ésta acorde al Ordenamiento o no).

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Finalmente, la Ley contempla el supuesto de exigencia de responsabilidad patrimonial por la Administración a las autoridades y personal que se encuentren a su servicio. En puridad son dos procedimientos distintos:

  1. Uno regula una acción de repetición de la Administración frente al personal a su servicio, tras haberse indemnizado al particular lesionado por el daño sufrido. Piénsese en el paciente al que le amputan la pierna derecha, en lugar de la izquierda. Tras obtener el lesionado la pertinente indemnización, la Administración podrá exigir el reembolso de la suma abonada al médico que, mediando dolo, culpa o negligencia grave, fue responsable en último término del desaguisado.
  2. Otro regula un supuesto de reclamación directa al funcionario por los daños y perjuicios causados en los bienes o derechos de la Administración, cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves; aquí no hay particular lesionado, sino que es la Administración la que reclama directamente a su personal el daño sufrido a raíz de su irregular actuación. Pensemos en el funcionario que rompe, pierde o destroza de forma repentina su material de trabajo, o deja prescribir un derecho de cobro de la Administración.

Por lo que respecta al procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial, el mismo es netamente administrativo, y se encuentra regulado, con carácter general, en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Es fundamental plantear la reclamación dentro del año siguiente a la producción del hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

La Administración cuenta con un plazo máximo para dictar resolución, transcurrido el cual la reclamación se entendería desestimada por silencio negativo, sin perjuicio de lo cual la Administración tiene el deber de resolver de forma expresa sin quedar sujeta al sentido desestimatorio del silencio producido. Si la respuesta que nos ofrece la Administración no nos resultase satisfactoria quedaría abierta su impugnación judicial.

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