CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Contratar con la Administración no tiene nada que ver con hacerlo con una empresa normal o con un particular. A la formación del contrato se aplican reglas muy estrictas y especiales que tienen que ver con el control del gasto público y la lucha contra la corrupción y el amiguismo, de manera que el método normal de selección de los contratistas es el concurso abierto, de acuerdo con los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

Los detalles del procedimiento de selección y del contenido de los contratos se concretan en unos documentos que aprueba la Administración antes de contratar y que se llaman Pliegos.

Normalmente hay dos: de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas Particulares.

Todo el procedimiento de contratación está rigurosamente regulado y dentro del mismo los licitadores o futuros contratistas tienen una serie de garantías cuyo cumplimiento pueden exigir a través de un Recurso administrativo Especial en materia de Contratación que se tramita de forma muy rápida y puede suspender el trámite del contrato.

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Durante la ejecución del contrato, la Administración tiene una serie de potestades especiales que no tienen normalmente un contratista, como interpretar el mismo o acordar su resolución de manera unilateral. Sin embargo, de nuevo se trata de potestades intensamente reguladas (la Ley de Contratos del Sector Público tiene 347 artículos y 53 Disposiciones Adicionales), de modo que los acuerdos que adopta la Administración pueden ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que controle si se ajustan o no a Derecho.

CASOS SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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