Los costes que nos está causando una Administración de Justicia ineficiente lastran la recuperación económica.
En un período de restricción del gasto público, ¿es lógico invertir en mejorar la Administración de Justicia? Sí, siempre y cuando queramos invertir en tener una economía más eficiente y productiva. La mayoría de los españoles somos conscientes de que uno de los servicios públicos que peor funciona en nuestro país es la Justicia, pero no solemos reparar tanto en cuál es el coste económico de que nuestra Administración de Justicia sea lenta y poco previsible.
Los abogados que trabajamos en el terreno del Derecho Mercantil y el Derecho Administrativo podemos intuir algunos de esos costes. He aquí dos ejemplos muy simples. Reclamar y cobrar deudas comerciales en España es lento y complicado (a la exposición de motivos de la Ley 3/2004 me remito), y ello provoca que quienes venden productos o prestan servicios en el mercado, es decir, quienes hacen marchar la economía productiva, se vean abocados a contar con numerosos instrumentos alternativos para asegurarse los cobros, ya que la Justicia no le proporciona esa seguridad. Deben contratar seguros de impagos, contar con fianzas o avales, y documentar sus negocios en instrumentos con fuerza ejecutiva (escrituras públicas, pagarés, etc.). Deben contar con bases de datos con información mercantil y de solvencia de las empresas, o utilizar bases de datos de morosos. Todo ello cuesta mucho dinero, y ese coste se repercute obviamente en el precio de las transacciones: los bienes y servicios son más caros porque quienes los ponen en el mercado deben asumir unos elevados costes de transacción.
Cabe por ello preguntarse de entrada, si es más eficiente que los contribuyentes paguen la seguridad que la Justicia no proporciona al mercado viendo como su renta real disponible disminuye a medida que la inflación aumenta, o bien pagando los impuestos necesarios para crear un sistema judicial que funcione de forma segura y permita reducir todos esos costes que hemos mencionado. Pero hay más.
El análisis económico del derecho es una disciplina académica que se ocupa de traducir en términos económicos los contenidos de las reglas del sistema jurídico, y analizar si resultan o no eficientes, considerando para ello la totalidad de los costes que genera a la sociedad la regla en cuestión y los que generarían sus alternativas. En nuestro país, el más destacado analista económico del derecho era el profesor Santos Pastor, que falleció recientemente. En uno de sus libros, ?Sistema jurídico y Economía?, analiza lo que llama ?costes del error judicial?, que no es el error judicial entendido en los términos del artículo 121 de la Constitución, que da derecho a indemnización, sino simplemente el hecho de que los jueces se equivoquen a la hora de aplicar el Derecho. Señala Santos Pastor que la equivocación de los jueces genera en primer lugar unos costes indirectos, consistentes en la pérdida de tiempo y dinero de las partes y el Estado en llevar el asunto en cuestión a juicio, y también unos costes indirectos, entre los cuales el destaca el de desincentivar conductas económicamente ineficientes. Como ejemplo, se refiere la responsabilidad extracontractual por daños, señalando que si los jueces no condenan a quien es su verdadero causante estarán promoviendo conductas ineficientes porque aportan más perjuicio que beneficio a la sociedad.
Esta idea es fundamental para entender los perjuicios que supone para la economía un sistema judicial lento, ineficiente e impredecible. Comenzando porque incentiva comportamientos indeseables, que aportan enormes perjuicios que no son compensados con los beneficios que obtienen sus responsables. Sigamos con el ejemplo de la reclamación de deudas: el enriquecimiento personal que algunas personas físicas que han trabajado en la promoción inmobiliaria han conseguido obtener, no consigue compensar, siquiera en términos puramente aritméticos (dejando aparte la distribución de los perjuicios) los gigantescos perjuicios que ha causado a la economía productiva las deudas que han dejado sin pagar: miles de pequeñas empresas, con sus trabajadores, han tenido que cerrar o presentar concurso de acreedores por la imposibilidad de cobrar sus deudas, una vez que los bancos han dejado de adelantarles el importe de lo que tenían por cobrar por la vía de las pólizas de descuento de efectos.
Y eso no es todo: si la Justicia no está disponible para, en un periodo de tiempo razonable ?dar a cada uno los suyo? (suum quique tribuere, que decían los romanos), nadie debe extrañarse de que el capital no se invierta en la economía productiva, sino en operaciones especulativas. La economía productiva requiere siempre de seguridad en el ámbito jurídico, pues suele llevar consigo la necesidad adelantar inversión y trabajo para más tarde obtener beneficios por ello. Es normal por lo tanto que las decisiones de inversión se retraigan o se dirijan a negocios de carácter especulativo (sin aportación de valor añadido) cuando quienes deben poner su dinero o su trabajo no tienen seguridad suficiente de que vayan a recuperar lo invertido y ganar dinero con ello.
Y podemos seguir: la ineficiencia del propio sistema judicial en utilizar sus recursos es notoria (incapacidad para emplear todas las posibilidades que la informática ofrece, y que cualquier despacho de abogados conoce bien; explotación a tiempo parcial del capital físico del que dispone, etc.), la frecuencia con la que se defienden ante los tribunales posturas jurídicamente inviables (no sólo erróneas sino directamente absurdas) es directamente proporcional a la frecuencia con la que los tribunales dictan resoluciones disparatadas, etcétera.
En resumen, si queremos salir de la depresión económica y levantar de nuevo la economía sobre unas bases más sólidas, no podemos hacerlo sin una Administración de Justicia eficiente: que resuelva rápido, que sea más previsible y que consiga que sus resoluciones se cumplan. A mí no me importaría pagar un pequeño impuesto para ello.
Guillermo Aguillaume Gandasegui.